Este martes 28 de febrero, la representante de la Comunidad Colla de la comuna de Copiapó e integrante del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL), Lesley Muñoz, expondrá sobre los derechos de los pueblos indígenas ante la agenda de transición energética ante el Parlamento Europeo en el evento «Putting Rights First in the green transition, due diligence, environmental justice and the right to say no» («Poniendo primero los derechos en la transición verde, la debida diligencia, la justicia ambiental y el derecho a decir no»).
En la instancia organizada por The European Environmental Bureau (EEB), CATAPA y Coopération Internationale verter le Développement et la Solidarité (CIDSE), se espera que este evento amplíe la comprensión de la justicia ambiental en Europa y el Sur Global, basándose en el concepto del Derecho a Decir No, un marco legal que puede apoyar la participación de las comunidades en las decisiones sobre proyectos mineros relacionados con el territorio en el que viven y del que dependen.
Tal como afirma Lesley Muñoz, «estaré exponiendo sobre el problema de derechos humanos a los pueblos indígenas en los territorios, la inexistente aplicación de la consulta libre previa e informada a los pueblos».
Esto, en un contexto donde la discusión por la transición energética fomenta la expansión de proyectos de minería de materias primas como cobalto, cobre o litio en países de Latinoamérica, con el objetivo de abastecer la industria de la tecnología y la electromovilidad del norte Global. Esto último ha sido presentado en instancias como la COP27 como medidas claves para lograr la mitigación (disminución de gases de efecto invernadero) para enfrentar el cambio climático. Medidas que, sin embargo, conllevan fuertes impactos en los territorios.
Durante la exposición de este 28 de febrero a las 17:00 horas CET (13:00 horas Chile/Argentina -12:00 horas Bolivia) se espera que se genere un debate sobre el tipo de políticas futuras necesarias para garantizar la justicia medioambiental en Europa y más allá. Una ley sólida de diligencia debida de la Unión Europea que tenga en cuenta los derechos humanos de las empresas, el clima y los impactos ambientales que reconozcan los derechos de las comunidades locales podría ser parte de la solución.
