Este jueves 28 de septiembre, los integrantes del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL) en Chile, Ramón Balcázar y Rudecindo Espíndola Araya, expusieron en el seminario “Desafíos de la Política Nacional del Litio”, organizado por la Universidad de Antofagasta.
Los representantes de OPSAL realizaron una presentación acerca del lobby corporativo y la capitalización del conflicto a través de certificaciones y estándares mineros, y, además, sobre la posición del Salar de Tara (Región de Atacama) como una nueva frontera extractiva a la luz de la Estrategia Nacional del Litio presentada por el Gobierno de Gabriel Boric. Respecto a la misma y al rol del Estado en la explotación del litio el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, abordó una posible alianza público-privada entre la empresa estatal y SQM para la implementación de la política, enfatizando en el control de las extracciones de litio en el Salar de Atacama a SQM a partir de 2031.
“Es problemático pensar que SQM persista como titular de derechos de explotación en el Salar, entendiendo que es una empresa que no sólo vulnera derechos ambientales sino que también está envuelta en casos de corrupción y cuya privatización se vincula directamente a los negocios ilícitos que realizó la familia Pinochet durante la dictadura. Justamente a 50 años del Golpe de Estado deberíamos estar cuestionando la impunidad con que actúan este tipo de empresas y no estar dándoles más tribuna por parte del Estado, y especialmente, desde el actual gobierno”, abordó Ramón Balcázar.
Sobre la Estrategia Nacional del Litio
Durante la exposición ambos integrantes abordaron la declaración “Los salares no son minas, los salares son humedales”, la que reúne más de 200 firmas de redes, comunidades indígenas, y organizaciones de Chile y el mundo, y que fue realizada en respuesta a la preocupación del OPSAL en torno a la Estrategia Nacional del Litio presentada este 2023 por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Uno de los puntos que destacó Espíndola, también integrante de la comunidad de Toconao que que “Como comunidades indígenas hacemos un llamado a que se aplique el Convenio 169 de la OIT el que aborda la consulta previa, libre e informada, y al mismo tiempo tenemos derecho a decir no frente a proyectos extractivos que degradan nuestras formas de vida y ecosistemas. En esa línea también sostenemos que el estado chileno debe avanzar hacia la implementación del Acuerdo de Escazú, con una participación pública vinculante que no solo incorpore a pueblos indígenas sino que a todas aquellas comunidades humanas que viven en el territorio”.
Durante la presentación de Máximo Pacheco se abordó cómo la empresas estatal a se encuentra en conversaciones con distintas comunidades en los salares de Atacama (Región de Antofagasta), Maricunga y Pedernales (Región de Atacama). Sin embargo, de acuerdo a denuncias de organizaciones locales, estas conversaciones podrían estar excluyen a aquellas comunidades que tienen una visión distinta respecto a la extracción de litio”, explicó Balcázar.
Certificaciones y estándares de “minería verde”
En esta dirección, otra preocupación presentada por los expositores fue que actualmente existen estándares y certifaciones diseñados por las mismas empresas mineras (IRMA, ICMM o EITI)que son propuestos en la Estrategia Nacional del Litio para abordar la participación pública y el diálogo (la intensión de ser implementados en Chile fue declarada en junio de 2023 por la entonces ministra de Minería, Marcela Hernando) pero que cuya adhesión o implementación es contradictorio con los convenios internacionales antes mencionados incluyendo OIT 169 y Escazú
“Solo por dar un ejemplo, en términos de metodología, estos procesos de certificación han incluído como participación de comunidades u ONGs la realización de ocho entrevistas, en un territorio donde hay, por lo menos 21 comunidades indígenas reconocidas por el Estado, sin contar la población indígena que no necesariamente está representada en esas comunidades, y donde hay aproximadamente unos 11.000 habitantes afectados por los distintos tipos de minería. Es de una falta de seriedad preocupante que en base esto diga que SQM es una empresa responsable o sustentable”, sostuvo Balcázar, también director de Fundación Tantí.
Salar de Tara como nueva frontera extractiva
A más 4 mil metros de altura en la Reserva Nacional Los Flamencos (Región de Antofagasta) y muy cerca del punto tripartito fronterizo entre Chile, Argentina y Bolivia se encuentra el Salar de Tara, uno de los lugares que se busca intervenir para la extracción del mineral de acuerdo a la Estrategia Nacional del Litio.
Respecto a ello, Espíndola abordó su preocupación señalando que “el extractivismo, las ganas de romper y destruir los salares es impresionante porque aquellos que elaboran estos proyectos tienen un desconocimiento tremendo del territorio que nosotros habitamos. Por eso, como comunidad de Toconao estamos trabajando en instalar el primer centro investigativo gran altura, en la Puna misma, que nos permita tener más conocimiento sobre la arqueología y patrimonio histórico, en lugares donde hemos mapeado, se encontraron los primeros asentamientos humanos en torno al Salar de Atacama”.
“Muchas personas dicen que en el desierto no hay vida, o no existe nada, pero en la quebrada de Soncor, donde yo trabajo como agricultor, podemos ver que no es así. Existe vida, cultura e historia donde nosotros que somos parte de la cultura lickanantay hemos vivido hace más de once mil años en torno al agua y no podemos olvidar que la minería de litio es minería de agua” agregó Espíndola.
Estrategia Nacional del Litio: próximos pasos
En el seminario también participó el académico de la Universidad de Chile y asesor de litio y salares del Ministerio de Minería, Gonzalo Gutiérrez, quien abordó 8 hitos de la Estrategia, como la creación de un Comité de Litio y Salares, creación de red de Salares Protegidos, el perfeccionamiento del marco institucional; y el inicio de proceso de diálogo y participación.
“Se determinó iniciar un proceso de diálogo con incumbentes en Litio y Salares: sociedad civil, empresas, universidades y comunidades indígenas. Es importante poder recibir y poder tener las opiniones, inquietudes y observaciones sobre la Estrategia y también porque habrán actos administrativos, que van a requerir consulta indígena sin duda. Este es un diálogo temprano que no reemplaza a la consulta indígena”, sostuvo el asesor gubernamental.
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