Fallo histórico determina que poblaciones indígenas de Río Blanco-Bolivia fueron vulneradas en sus derechos por proyectos de empresa minera 

Las autoridades originarias del Consejo de la Nación Chichas, del ayllu Habastika (Rio Blanco) junto al Colectivo de Derechos Humanos EMPODÉRATE y la Clínica Legal de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, valoraron positivamente el fallo entregado- de forma verbal el pasado 28 de febrero- por el Juzgado Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción de Cotagaita (Potosí), el que reconoce el daño ambiental y la vulneración de los derechos de la población indígena originaria perteneciente a 7 comunidades del distrito de Río Blanco.

El fallo reconoce que la acción popular presentada por las comunidades pertenecientes al municipio de Cotagaita, Departamento de Potosí- de Río Blanco en Bolivia: Tácala, Colca, Pichecla, Tasna Palca, Chilcaxi, Caytola y Cursani del Ayllu Habastika de la Nación Chichas, con el apoyo del Colectivo de Derechos Humanos EMPODÉRATE, y la Clínica Legal de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos es un precedente sobre los derechos de los pueblos indígenas frente a la minería. La Justicia Constitucional reconoció que se violaron los derechos humanos y en aplicación del principio precautorio reconoció que la subsistencia de estos pueblos se encuentra en riesgo por la actividad de varios operadores mineros que explotan de manera inmisericorde minerales del lugar y por la Empresa Minera Manquiri que presento nuevas solicitudes.

La Empresa MANQUIRI S.A. ostenta 1070 pertenencias mineras en el sector desde 1998, las que se denuncian no han sido trabajadas y pretende dos contratos mineros para exploración (Manquiri 21) y explotación ( suerte I, II, III,IV,V,VI Y VII). Esas pretensiones significan 603 cuadriculas mineras equivalente a 15010 hectáreas de territorio, estando en riesgo 11 vertientes y un humedal. El territorio que fue afectado, durante la apertura de caminos que ha hecho la empresa para la construcción de plataformas y la ejecución de actividades de prospección en la búsqueda de oro.

“Han destrozado casas en Cursani, se deforestó y quemó un bosque completo de queñuales, plantas medicinales de mucha utilidad en la región y que es significativa para nuestra cultura. Con el uso de su diamantina y el ruido, nuestros animales huyeron del lugar, y con la contaminación hay un decrecimiento considerable de la biodiversidad. Los agujeros profundos abiertos con la diamantina para meter las sondas de prospección quedaron abiertos y son de más de 500 metros de profundidad, por lo que se están contaminando las aguas subterráneas, explicaron las comunidades durante la Conferencia realizada el pasado 7 de marzo.

Ante estas vulneraciones a los derechos colectivos por parte de la actividad minera, las comunidades indígenas recurrieron ante las instancias estatales competentes, entre ellas el Gobierno Autónomo Municipal de Cotagaita, la Gobernación Departamental de Potosí, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Gobierno central denunciando tales avasallamientos. Las instituciones entregaron respuestas evasivas, además que la problemática fue descuidada por décadas. Sin descontar que tampoco se entregó información esencial a la que tienen derecho los habitantes ancestrales de estas tierras, para saber los impactos de estos proyectos que les afectan directamente. Además, las comunidades denunciaron que nunca se cumplió la consulta previa, que es mandato constitucional por encima de la ley minera.

“Nos vimos obligados a interponer una Acción Popular debido también a la dejadez de las instancias competentes, que no evitaron la contaminación de toda la cuenca de Rio Blanco, accionamos también contra ellos porque están expuestos nuestros derechos humanos insertos en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado y la normativa internacional como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, debido a la actividad minera en nuestro territorio. Vivimos rodeados de proyectos y los operadores mineros nos han dividido y diezmado muchas veces, chantajeando a la gente con trabajos temporales violando así nuestra libre determinación. Todos los operadores mineros desde hace décadas han dañado las cuencas de Rio blanco y Cotagaita”, agregaron. Así lo han establecido el Informe de la Contraloría General del Estado, el Informe de la Secretaria de la Madre Tierra y de la Unidad de Medio Ambiente del Municipio de Cotagaita que han declarado zona roja a toda la cuenca del Rio Blanco y que desde 2018 están monitoreando las aguas pero, sin sancionar a ningún operador minero, que vacía sus colas sin ninguna misericordia.

Comunidades expuestas a beber aguas ácidas

Las comunidades accionantes presentaron los resultados de laboratorio de las muestras que fueron tomados y el informe de monitoreo ambiental de la Unidad de Medio Ambiente del Municipio de Cotagaita como base de la acción. En el informe se explicita que los ríos de la cuenca de Rio Blanco contienen metales pesados más allá de los límites tolerables por el Reglamento de Gestion Ambiental y la Norma B512: “Los niveles de boro, cobalto, cadmio, aluminio, berilio, manganeso, mercurio, níquel, selenio, son altos que están más allá de los límites permitidos en el Reglamento de Contaminación Hídrica y que causan serios daños a la salud humana desde vómitos, náuseas, diarreas, hasta la muerte lenta (mercurio, arsénico y berilio). El juez de manera coherente y correcta ha valorado la prueba aportada (240 fojas).

“En particular, el fallo 1) reconoce la existencia ancestral de las comunidades, 2) instruye qie AJAM registre la vertientes de agua y el humedal en la Dirección de Catastro Minero, 3) ordena a la Empresa MANQUIRI S.A. que reponga a su estado anterior y solucione los daños producidos en el sector de Paka, Morro, etc. así como los perjuicios ocasionados a las personas que son parte de las comunidades por sus actividades de exploración. 4) Instruye a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera la suspensión de suscripción de nuevos contratos mineros mientras no se cumplan las normas ambientales; 5) ordena a la Gobernación Departamental de Potosí y el Gobierno Municipal de Cotagaita coordinen para asegurar acceso al agua potable para las poblaciones que están tomando aguas acidas; 6) les ordena también promuevan e implementen planes de mitigación ambiental en coordinación con el Ministerio de Medio ambiental”, explica la abogada Vivian Lagrava, del colectivo de Derechos Humanos EMPODERATE y co-Coordinadora del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL).

Finalmente, durante la conferencia de prensa se denunció que continúa el atentado a la libre determinación del pueblo indígena Habastika (Rio Blanco – Nación Chichas) por la constante división que los operadores mineros realizan en el territorio. También, hicieron un llamado para que el Estado boliviano aplique el Acuerdo de Escazú ratificado por Bolivia que obliga a los países a entregar información en materia ambiental, garantizar la participación ciudadana y entregar máxima protección a quienes defienden la naturaleza y el medioambiente.

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