Este lunes 08 de mayo, el Relator Especial de Derechos Humanos y Medio Ambiente de las Naciones Unidas, David R. Boyd, se reunió en Calama con distintos representantes de organizaciones territoriales e integrantes de comunidades indígenas para abordar las diversas problemáticas en torno a la extracción de litio y cobre, y la conservación de los salares andinos y sus ciclos de agua.
A la instancia asistieron el integrante del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL) y de la comunidad lickanantay, Rudecindo Espíndola; la abogada de Fundación Tantí, Paulina González, junto a representantes de la Comunidad de Chiuchiu, Pueblo de Cupo, Pueblo Quinaturi Paniri, Comunidad Toconao, Unidades Jurídica y Ambiental del Consejo de Pueblos Atacameños y la Coordinadora por la Defensa del Río Loa.
En la ocasión, Rudecindo Espíndola abordó la preocupación en torno a cómo el Estado chileno y el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric han abordado la Estrategia Nacional del Litio, la que incentiva a nuevos megaproyectos mineros que traen más depredación a los territorios, bajo la excusa de satisfacer esta “transición verde”. «Un ejemplo de ello son los proyectos de litio que se han expandido en el Salar de Atacama pero también la minería de cobre y los proyectos energéticos que vemos en la pampa para alimentar la minería.»
«Llamamos a los gobiernos, especialmente al de Chile a que se respete la consulta previa, libre e informada que se explicita en el Convenio 169 de la OIT, donde también se respete el derecho a decir NO que tienen las comunidades cuando son consultadas, derecho del que hablamos muy poco en este país, por cierto», agregó.
Extracción de litio: minería de agua
En la instancia, las y los participantes abordaron la protección de los salares y humedales altoandinos de la Puna de Atacama entendiendo que son ecosistemas ricos en biodiversidad y necesarios para enfrentar el cambio climático debido a su capacidad de captura de CO2, pero altamente frágiles y sensibles a la crisis que hoy enfrentamos. Crisis que se ve acentuada y prolongada por proyectos extractivos como la minería, específicamente la minería de litio, la que también debemos nombrar como una minería del agua.
La demanda de minerales críticos como el litio responde a la instalación de la idea de que la electromovilidad es una de las medidas de mitigación que permitirá avanzar hacia la descarbonización. Consenso establecido en el norte global, en instancias como la misma COP27, pero que vemos como “Falsa solución”. Se trata de extraer litio para la fabricación de autos eléctricos que “contaminan menos” pero que serán consumidos en países como Alemania, China o Estados Unidos, mientras acá, los ecosistemas se ven devastados y los modos de vida y economías cada vez vulnerados.
Desde Fundación Tantí, organización que colaboró en la gestión de la visita del relator, explicaron que ven con preocupación cómo en diversos seminarios oficiales, como el organizado por la Comisión de Minería y Energía del Senado en marzo de este año, los altos mandos de empresas que tienen proyectos de litio en el salar de Atacama como, SQM o Albemarle, afirmaban que cumplen con los requisitos ambientales y de participación que exige el Estado Chileno, diciendo “que se cumplen con los requisitos de participación ciudadana”.
«Sabemos que las empresas solo dialogan o llegan a acuerdo con ciertas comunidades, y no con la totalidad de las comunidades de una cuenca que se ven afectadas por los proyectos mineros. Hecho que incluso genera fragmentación entre las mismas comunidades y en riesgo a las y los defensores ambientales. Es ese el nivel de ingeniería social- como algunos expertos/as llaman- lo que se ha desarrollado en Chile por parte de las empresas en complicidad con el Estado», agrega Paulina González, abogada de la Fundación.
Mientras que su director Ejecutivo, Ramón Balcázar explicó que es necesario que en Chile «se fortalezcan estándares ambientales nacionales que reflejen demandas y necesidades locales en materia de aguas y otros como la contaminación del aire. Esto es solo posible con conocimientos producidos a tiempo e independiente de intereses corporativos nacionales e internacionales». Además, agregó que las certificaciones que las mismas industrias extractivas plantean para su autoregulación- como EITI o IRMA- no son mecanismos fiables para que los gobiernos los utilicen, sino más bien «hacemos nuevamente un llamado para que los gobiernos cumplan los estándares internacionales ya existentes, como el Acuerdo de Escazú o el Convenio 169 de la OIT».
La visita del Relator Especial de Naciones Unidas a Calama se realizó en el marco de reuniones que sostuvo con diversas organizaciones durante su visita en Chile, tanto de manera online- donde participó el co-coordinador de OPSAL Chile, Ramón Balcázar; y en Santiago, donde la encargada de comunicaciones de Fundación Tantí, Javiera Ortiz, le entregó el libro Salares Andinos: Ecología de Saberes por la Protección de nuestros Salares y Humedales.
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