Lesley Muñoz, representante de la comunidad Colla de la comuna de Copiapó e integrante de OPSAL.
Si como país no queremos seguir repitiendo los mismos errores ocurridos en Zonas de Sacrificio (como Quintero-Puchuncaví, Coronel u otros), es necesario que el Estado sea capaz de actuar rápidamente y establezca una estrategia nacional del litio que vaya más allá de la creación de más instituciones, sino que a la base sostenga la justicia y la protección de las comunidades para un desarrollo real para sus territorios.
Entre 1995 y 2021 Chile se ha posicionado como el segundo país que más extrae litio, boom por el cual el Estado trabaja en una estrategia nacional, que avanza a paso lento mientras proyectos de extracción continúan con su planificación. Es el caso del “Proyecto Blanco” de la Minera Salar Blanco, que este 2023 comenzará con las obras para explotar el Salar de Maricunga, ubicado a 160 kilómetros de Copiapó, en la Región de Atacama de Chile.
Desde el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPAL), vemos con preocupación distintos aspectos, no solo por la legalidad del proyecto, sino que también por los impactos que produce en los salares y que afecta a las comunidades, su economía y su biodiversidad, además de ser contraproducente con medidas para enfrentar el cambio climático. Impactos que ya son posibles de evidenciar en el Salar de Atacama, explotado por SQM y Albemarle junto a los proyectos cupríferos Escondida y Zaldívar, y que demuestra la laxitud que tiene la normativa chilena en esta materia.
En primer lugar, la Resolución de Calificación Ambiental, otorgada en 2020, no considera que los salares son sistemas frágiles, con una rica biodiversidad y que, en específico, el Salar de Maricunga es parte de uno de los sectores integrados al Parque Nacional Nevado Tres Cruces. Entre sus características están los recursos hídricos: es el hábitat de 11 especies de flores nativas y habitan 17 especies de fauna con problemas de conservación, siendo considerado como prioridad 1 en el Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile.
En tanto, la conservación de ecosistemas frágiles -como los salares- ha sido establecida como una de las estrategias para enfrentar el cambio climático. Sin embargo, la agenda de la transición energética para disminuir las emisiones de CO2 propone una mayor extracción de litio -y por tanto alteración de salares- para ser utilizada en la expansión de la industria de automóviles eléctricos. Incluso, del total de litio extraído del mundo, en 2021 un 74% fue utilizado para la fabricación de baterías versus el 23% que se le destinaba en 2010.
Lejos de realizar una crítica al modelo de consumo, la agenda de transición energética a la cual Chile suscribe está lejos de ser justa y es contradictoria como solución frente a la crisis climática, donde la demanda mundial de litio va en un aumento exponencial. En esta línea, algunos de los argumentos sostenidos para continuar con la extracción de litio, aun sabiendo de sus efectos en los salares, se sostiene en los beneficios económicos de su extracción.
De acuerdo a la evidencia, las mineras no abren más puestos de trabajo para las comunidades locales -al requerir mano de obra especializada-, fragmentan el tejido social; producto de los sobresueldos pagados a unos pocos, sube el precio de los insumos básicos (inaccesible para quienes no se dedican a la minería). Además, producto de las faenas, el agua escasea por las comunidades, y por tanto no se permite el desarrollo de otras actividades económicas que ya realizan las comunidades, como la agricultura de autoconsumo, la ganadería o el turismo.
Finalmente, en la apertura de estos grandes proyectos de inversión no existe un sistema serio y robusto que permita a las comunidades aledañas e indígenas, como la comunidad indígena colla de la comuna de Copiapó en el caso del Salar de Maricunga, decidir sobre la presencia de estos proyectos en sus territorios. La falta de un sistema simétrico de diálogo, que permita una participación vinculante, transgrede convenios a los que Chile suscribe, como el 169 de la OIT.
Si como país no queremos seguir repitiendo los mismos errores ocurridos en Zonas de Sacrificio (como Quintero-Puchuncaví, Coronel u otros), es necesario que el Estado sea capaz de actuar rápidamente y establezca una estrategia nacional del litio que vaya más allá de la creación de más instituciones, sino que a la base sostenga la justicia y la protección de las comunidades para un desarrollo real para sus territorios.
Especialmente, se espera que la gestión del actual gobierno cumpla con sus compromisos, de la mano de soluciones que realmente contribuyan a la disminución del carbono, sin comprometer el cuidado de la naturaleza y de las comunidades: sin agua no hay vida.
Columna publicada en El Desconcierto
