De acuerdo a las recientes declaraciones del subsecretario de Minería, Willy Kracht, el Gobierno de Gabriel Boric – el primer gobierno ecologista en la historia de Chile -, anunciaría en marzo de este año la esperada Estrategia Nacional de Litio. Esta estrategia podría concretar una de las consignas de la campaña presidencial de crear una empresa estatal encargada de la exploración y extracción de este mineral. 

En la práctica, se trata de una estrategia que busca atraer inversión extranjera directa mediante proyectos público-privados con participación estatal mayoritaria (51%). Esta fórmula permitiría acelerar el proceso de otorgamiento de  concesiones de litio en comparación a las limitaciones que hasta ahora pone la legislación vigente, por tratarse de un mineral no concesible y por lo cual su exploración o explotación debe ser realizada directamente por el estado, sus empresas o al amparo de contratos especiales administrativos o de operación de litio CEOL. Mientras la agenda gubernamental se concentra en aspectos económico-financieros con ciertos toques sociales, especialmente en materia de participación de comunidades indígenas en las rentas mineras, se ignora que el devenir de la minería del litio es una discusión que compromete directamente el futuro de los salares-humedales andinos y de toda la vida que ellos albergan.  

La discusión en torno a la minería del litio y de la transición energética en general responde en gran parte a las agendas económicas de potencias como la Unión Europea, China y Estados Unidos. Uno de los grandes promotores de la llamada economía verde es el gobierno federal de Alemania, cuyo canciller Olaf Scholz estuvo recientemente en visita oficial en nuestro país manifestando su interés precisamente en avanzar en la colaboración bilateral para el desarrollo de las cadenas de valor del litio. Esto, mientras se concreta la renovación del tratado de libre comercio entre Chile y la Unión Europea, y el despliegue tanto en nuestro país como en Alemania de una serie de iniciativas financiadas por la industria automotriz alemana para allanar el camino hacia un consenso extractivo del litio bajo el slogan de la sustentabilidad y el diálogo multisectorial. Más allá de los discursos, lo que tienen en común las grandes economías detrás del boom del litio, es que se trata de países altamente contaminantes que buscan asegurar un crecimiento económico verde a través de la producción y consumo individual de tecnologías bajas en emisiones pero con altos impactos socioambientales, y cuya eficacia como solución al cambio climático es ampliamente debatida y cuestionada. 

Visto desde Chile, país que contribuye marginalmente al fenómeno del cambio climático, la industria verde alemana provoca un aumento acelerado en la demanda por minerales como el litio, además de impulsar mediante diversos mecanismos la creación de megaproyectos energéticos para satisfacer su demanda de hidrógeno verde. Un gobierno ecologista debe preocuparse de asegurar no sólo inversión y crecimiento, sin duda importantes, sino una transición justa y autónoma de intereses extranjeros que ponga en primer lugar a los habitantes de los territorios chilenos afectados por la minería y de proyectos energéticos – fósiles y renovables -, una transición que no produzca más zonas de sacrificio. 

Ante esto, desde el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL), nos preguntamos por qué mientras empresas trasnacionales como Tesla, megamineras y gobiernos extranjeros son recibidos y escuchados por el Gobierno, organizaciones de la sociedad civil con amplia trayectoria y reconocimiento en esta temática son sistemáticamente excluidas de de la discusión pública, especialmente  en asuntos tan sensibles como la profunda insostenibilidad socioambiental del modelo extractivo que se implantó  en el Salar de Atacama en plena dictadura. En efecto, los proyectos aprobados en el Salar de Maricunga reproducen el mismo método evaporítico con la extracción de aguas subterráneas en áreas profundamente impactadas por la minería metálica y donde comunidades indígenas denuncian la vulneración del derecho a consulta. ¿Qué métodos de extracción y de mitigación de impactos socioambientales tendrá la ENL, y en base a qué conocimientos y experiencias éstos serán determinados? 

Desde nuestra profunda preocupación pero sobre todo nuestro compromiso con el bien común, instamos al Presidente, ministros, subsecretarios y a asesores a considerar que la nueva Estrategia Nacional del Litio: 

1. Debe respetar y garantizar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y la participación de comunidades aledañas a los salares y humedales altoandinos sin discriminación de clase, etnia o cualquier otra, haciendo valer el Convenio 169 OIT y el Acuerdo de Escazú, ambos ratificados en nuestro país. En este sentido, se debe reconocer que los pueblos tienen Derecho a Decir No a los proyectos mineros de litio y a no ser acosados por empresas, abogados y consultoras con el fin de obtener la licencia social en procesos que generan conflictos y divisiones internas. Las comunidades locales deben poder decidir sobre sus vidas y territorios sin ser vistas como meras contrapartes para la negociación de acuerdos que las empresas usarán como moneda de cambio para justificar daños socioambientales profundos e irreparables.
   
2. Crear estándares ambientales que respondan a la complejidad de la minería del litio como una minería de agua, con fiscalizaciones efectivas de las actividades extractivas en conjunto (litio, cobre, otros), y poner fin a la impunidad corporativa con la aplicación de las sanciones  más severas de acuerdo a ley vigente, lo que al día de hoy no ha sucedido. 
   
3. Reglamentar y supervisar la extracción y uso que la minería de litio hace de las diversas aguas de los salares (calificadas tanto como agua dulce o salmuera), y hacer pública toda estadística sobre recursos de agua disponibles. Ello, en cumplimiento del principio 1 del Acuerdo de Escazú, que insta a que los Estados miembros de garanticen los derechos de acceso a la información ambiental.
   
4. Imponer una moratoria a la extracción de aguas y a la evaporación de aguas subterráneas mineralizadas (salmueras) en el Salar de Atacama por la aplicación del principio precautorio (Declaración de Río)  y siguiendo la recomendación de la Comisión Mundial de Ética en la Ciencia y la Tecnología de la UNESCO, que señala que “cuando cualquier actividad humana pueda conducir a daños moralmente inaceptables que sean científicamente posibles pero inciertos, ha de tomarse acción para evitar o disminuir tal daño”. 
   
5. Asegurar que la única regulación a la minería de litio es la que realiza el Estado de Chile y sus organismos competentes, y no los sistemas de certificaciones voluntarios de minería responsable que la propia industria minera y de la electromovilidad europea buscan instalar como alternativa corporativa al marco regulatorio nacional. 
   
6. Garantizar que una Empresa Nacional del Litio no incurrirá ni avalará  prácticas que atenten contra la salud de trabajadores y habitantes, así como contra la biodiversidad, como es el caso de otras empresas estatales vinculadas a la minería y al sector energético. 

Este gobierno aún tiene el desafío de llevar su discurso ambientalmente amigable a la práctica concreta en medio de una crisis climática que profundiza la condición de vulnerabilidad de pueblos indígenas y comunidades rurales de todo el territorio. En ese sentido, debe elegir con quienes dialogar a la hora de tomar decisiones que marcarán el presente y futuro de los territorios y del país. 

Ramón Balcázar M.,

Director de Fundación Tantí y Co-cordinador de OPSAL