Verónica Gostissa, coordinadora de OPSAL Argentina junto a Pía Marchegiani, expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la sesión «Impactos de la extracción de minerales en el contexto de transición energética», donde abordaron la preocupación del rol del Estado ante la extracción de litio, la presión sobre Latinoamérica por la transición energética y la falta de implementación de las normativas.
En audiencia desarrollada en Washington DC el pasado viernes 15 de noviembre, coordinada por la Alianza de Humedales Andinos y Red de Conservación Voluntaria de Amazonas, representantes de la sociedad civil y de comunidades de Chile, Argentina y Bolivia informaron y alertaron ante la CIDH sobre los impactos en derechos humanos que tiene la extracción de minerales para la transición energética en el contexto de la crisis climática.
Preocupación del rol del Estado ante la extracción de litio
Dentro de las y los asistentes, expusieron la coordinadora de OPSAL en Argentina, Verónica Gostissa, quien alertó sobre la instalación de proyectos paralelos de extracción de litios en el Salar del Hombre Muerto, con el aval del Estado argentino, y cuyos impactos ambientales, sociales y culturales de la instalación de estos no han sido abordados oportunamente por la justicia ambiental.
«En Argentina estamos viviendo una situación dramática de retroceso y de reforma acelerada del marco jurídico, con particular énfasis en los derechos colectivos de pueblos indígenas, el ambiente y género. Con un aumento de la criminalización a quien tiene una mirada distinta. Este retroceso se alinea a una política de negacionismo climático y de Derechos Humanos. Estas reformas se justifica en la «atracción» de grandes inversiones y Catamarca es un ejemplo de ello. Desde 1997 las empresas transnacionales extraen litio del Salar del Hombre Muerto, un sensible humedal de altura. Debido al uso de millones de litros de agua dulce y salada, las empresas – con el aval del Estado- ya han generado un daño ambiental irreversible, secaron la Vega del Río Trapiche, es decir, más de 5 kilómetros de río ha muerto. Sin embargo, secarnos un río no los detuvo. En el año 2018, en el contexto del boom del litio, la misma empresa que secó el río hizo su expansión -triplicó la producción- mientras tanto se ubicaron en el mismo humedal otras 7 empresas más, sin ningún tipo de evaluación que mida cuál es el impacto de todos los proyectos funcionando a la vez.» explicó Gostissa durante la audiencia.
Ante los impactos que visualizaban las comunidades que habitan en torno a los salares, la también activista de Asamblea Agua Pucará de Catamarca, alertó que durante todos los años, los jueces de su localidad no escucharon la voz de la comunidad, «no fueron al salar a ver por sus medios qué significa la muerte de un río, qué significa que un lugar sagrado que da origen a la vida ahora lo quieran convertir en una planta industrial», mientras que en paralelo los defensores ambientales sufrieron represalias, criminalización, violencia institucional y amenazas por parte del Estado.
«No es cambio climático, es colapso. No alcanza con hablar de transición, esta debe incluir la justicia social y ecológica. No es desarrollo para los pueblos, es profundización de la desigualdad preexistente, es ausencia de escucha de los tiempos de la naturaleza y es negacionismo de los límites planetarios», explicó Verónica Gostissa.
Extracción de litio: disputa geopolítica y presión en Latinoamérica
En la audiencia ante CIDH expuso la abogada de FARN, Pía Marchegiani, quien sostuvo que ante el aumento exponencial de la demanda de minerales para la transición energética- como el litio- para la fabricación de baterías y automóviles eléctricos principalmente, aumenta la presión para Latinoamérica que «hoy ya provee un 40% de cobre y un 35% de litio a nivel global, minerales que se extraen desde ecosistemas únicos como los salares, que son aquellos que aportan en la adaptación y mitigación para el cambio climático».
En su intervención, la abogada de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales FARN precisó que el interés alrededor de estos minerales (para la transición) se refleja en una enorme disputa geopolítica para lograr su control, principalmente de países de Norteamérica, Europa y Asia; y de organismos internacionales como el grupo del Banco Mundial o el G-20, quienes desarrollaron sus políticas para asegurar el financiamiento con salvaguardas en su aprovechamiento, lejos del bienestar y el resguardo de los derechos humanos de las comunidades aledañas.
«Mientras que a nivel global se pone el foco en estos minerales como solución a la transición energética, en la región surgen grandes interrogantes sobre si este modelo de transición podrá traer beneficios para la región y si especialmente estos minerales podrán contribuir a una transición energética propia, en una región que hoy tiene una mínima posibilidad de transformarlos. Pero principalmente abre preguntas sobre el acatamiento y cumplimiento de los Derechos Humanos», argumentó.
Implementación de los derechos humanos y ambientales
Tras escuchar las intervenciones, Carlos Bernal Pulido, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y quien presidiera la sesión enfatizó en que existen distintos instrumentos internacionales para el reconocimiento de los derechos humanos y la regulación en materia ambiental, como el Convenio 169 de la OIT o el Acuerdo de Escazú, y consultó si es que estos estarían sirviendo en un contexto de transición energética.
Al respecto, Pía recalcó que en los países de Latinoamérica «tenemos marcos jurídicos y avenidas para hacer cumplir los derechos. Lo que tenemos es un gran desafío de implementación, donde los derechos no se cumplen y tenemos desafíos concretos en cómo están pensados los estudios de evaluación de impacto ambiental para estos problemas más complejos como la situación de los salares andinos y humedales».
«El problema más grande que tenemos es que en el reparto de beneficios lo que se termina negociando no son beneficios, porque no se cumplen adecuadamente el consentimiento libre, previo e informado (Acuerdo 169 OIT), sino que se negocian derechos (…) esta falta de implementación de marcos jurídicos y estándares termina generando problemas y sobre todo una alta judicialización», precisó la abogada FARN respecto a la falta de evaluación de los impactos sociales, culturales y ambientales y el déficit de los instrumentos con los cuales se evalúan dichos impactos.
«Necesitamos más efectividad porque las normas las tenemos pero estas no se aplican» agregó Gostissa, quien finalmente alertó que la implementación del Acuerdo de Escazú no está siendo efectivo ya que «ser defensor ambiental en nuestros países sigue siendo un riesgo, hay amenazas y persecuciones y un aumento de la criminalización».
Revisa la sesión completa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí.
