Durante sus exposiciones, las integrantes del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL) explicaron cómo actualmente proyectos mineros que cuentan con certificación de “minería responsable” incurren en graves prácticas, al alero de los gobiernos e instituciones estatales que no aplican la normativa vigente.
La co-coordinadora de OPSAL en Argentina, Verónica Gostissa, junto a Elizabeth Mamani, habitante de Antofagasta de la Sierra, localidad al Salar del Hombre Muerto en Catamarca Argentina, participaron en el Webinar Internacional “Estándares Mineros, auditorías privadas y certificaciones: experiencias locales e implicación global” realizado por la Red de solidaridad ambiental Yes Life no to Mining el miércoles 4 de octubre.
En la instancia, se abordaron diversos procesos de certificación de “minería responsable”, como IRMA, propuestos por la misma minería para conseguir la licencia social a sus proyectos extractivos en distintos lugares, especialmente en Sudamérica.
Al respecto, Elizabeth Mamani sostuvo que actualmente los proyectos mineros se están haciendo sin participación de las comunidades en las charlas informativas, mientras que las consultas públicas no existen para el gobierno.
“En el Salar del Hombre Muerto hay 12 proyectos mineros, especialmente de litio, que tienen una gran extracción de agua, entre ellos el de Livent, que secó gran parte del salar”, sostuvo Mamani quien agregó que “Con procesos de certificación minera, como IRMA, las empresas pretenden decir que están haciendo todo bien, que hay control ambiental y que hay consenso con las comunidades, con los pueblos sacrificados, cuando sabemos que no es así”.
Al respecto, Verónica Gostissa, sostuvo que “en primer lugar hay ya muchas normativas locales, internacionales y de derechos ambientales, pero no se respetan y no se aplican”, por lo que se debería avanzar en implementar la normativa vigente antes de incorporar estándares que, en la actualidad, catalogan como “minería verde o responsables” a empresas que han generado un gran impacto ambiental- con el secamiento de ríos y vegas además del derrame de elementos tóxicos– económico y social entorno a los salares y humedales andinos.
Especialmente, puntualizaron ambas expositoras porque la minería del litio es minería de agua. En esa línea, la co-coordinadora de OPSAL en Argentina, explicó que, por ejemplo, puntualmente en Catamarca – lugar donde ella habita- “Las leyes del agua son de 1974 por lo que es urgente una mayor normativa local. No se trata de controles, sino que se aplique el derecho a decir no que tienen las comunidades, el derecho a no aceptar estos proyectos extractivos porque impacta en su vida y economía local”, agregó Gostissa.
En el evento también expuso Jeniffer More, de la red Yes to Life no to mining, quien puntualizó que “los estándares podrían ser globales, pero deberían respetar las decisiones de las comunidades por lo que podría ser difícil un estándar global”-
Además, Teresa Hoffmann, asesora de Políticas de Comercio Justo y Economías Sostenibles de Pan para el. Mundo, agregó que “Evidentemente no son las comunidades
las que se benefician con la estandarización (…) La responsabilidad no es solo de las compañías, sino que también de los gobiernos y la sociedad en su conjunto. “ No podemos aceptarlo, es increíble que estos sistemas sigan sucediendo”, agregó.
