El agricultor e integrante de OPSAL, Rudecindo Espíndola, asistió el día 9 de marzo a reunión organizada por la Embajada de Reino Unido en Chile, para denunciar ante una comitiva de parlamentarios del Reino Unido, los conflictos que los diversos proyectos mineros de litio y cobre – incluyendo capitales británicos- han tenido en el Salar de Atacama.
Tal como informaron desde la organización, la Foreign Affairs Committee o el Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Británico estuvo de visita en Chile para conocer el estado de la extracción de minerales críticos, y en particular del sector del litio en Chile, con el fin de realizar un informe con una mirada global sobre la situación en el mundo y así asesorar al Gobierno de turno sobre estos temas. La comitiva estuvo compuesta por parlamentarios de distintos sectores políticos: Alicia Kearns, Chris Bryan, Hon Liam Byrne, Neil Coyle, Royton Smith, Henry Smith, Chris Shaw y Medha Bhasin, además, del Ministro Consejero de la Embajada Británica, Nicholas Kennedy.
Esta reunión se realizó a los pocos días de que el Reino Unido y Canadá – país que mantiene su propia agenda extractivista en torno al litio en Chile – firmaran un acuerdo para impulsar cadenas de suministro de tecnología verde. El acuerdo, tildado de histórico por el mismo Gobierno del Reino Unido, tiene el fin de cooperar en minerales como el cobalto y el litio, los que son considerados “esenciales” para sus economías. También, busca ayudar a que los fabricantes británicos de tecnologías de vanguardia sean “más resistentes a los impactos globales al promover la investigación y el desarrollo entre Empresas del Reino Unido y Canadá, impulsando la innovación y el crecimiento”, según se anuncia en la prensa por parte del Gobierno británico.
Para el también representante del pueblo nación lickanantay, “esta reunión realizada en la Universidad de Antofagasta es una muestra más de cómo los países del Norte Global quieren imponer sus agendas económicas y políticas en nuestros territorios, donde hemos visto cómo los proyectos de minería han devastado los salares y humedales altoandinos y han traído consecuencias económicas y sociales nefastas para las comunidades”.
La experiencia de la minería británica en los salares de Chile
Si bien los antecedentes del neocolonialismo británico y sus impactos en los pueblos y ecosistemas andinos se remontan a la época del salitre, hoy en día están principalmente vinculados a megaproyectos de cobre, también considerado esencial para la transición energética corporativa – y la sobreexplotación de acuíferos que, una vez agotados son reemplazados por agua de mar desalinizada trasladando impunemente los impactos socioambientales a hacia los ecosistemas costeros del norte del país.
En 2021, BHP, el propietario mayoritario y operador de la mina de cobre Escondida en Chile, tuvo que pagar $93 millones de dólares como parte de un plan ambiental, luego que el Primer Tribunal Ambiental del país acogiera la demanda de reparación ambiental que interpuso el Consejo de Defensa del Estado, como consecuencia de “un daño continuo, acumulativo, permanente e irreparable” provocado al ecosistema del Salar de Punta Negra, Región de Antofagasta, producto de la extracción de sus aguas.
La explotación del acuífero provocó una disminución severa de los niveles de agua, que comprometió su regeneración en el futuro. Lo anterior también ocasionó el deterioro o menoscabo del suelo, pérdida total de vegas o bofedales salinos y de la vegetación hídrica asociada; pérdida del ecosistema particular que se desarrollaba en él; afectación de la fauna característica del lugar, que se encuentra en estado de protección.
Dicho plan ambiental, que representa una suma marginal para una megaminera como Escondida, continúa siendo fuertemente cuestionado por los impactos potenciales de medidas aprobadas como la reinyección de aguas extraídas desde otras cuencas – lo que es como “bombear sangre a un cuerpo muerto” – y por actuar como legitimador de una empresa que gracias a los acuerdos logrados continúa con sus operaciones a pesar del daño irreparable provocado sobre los ecosistemas del Salar y sus humedales.
Otro caso se vincula a la demanda conjunta en contra de las empresas mineras Escondida (BHP, Río Tinto), Zaldívar (Luksic) y Albemarle, interpuesta en 2022 también por el Consejo de Defensa del Estado en relación a la extracción continua de aguas subterráneas, desde el Acuífero de Monturaqui-Negrillar-Tilopozo ubicado en el sur del Salar de Atacama. La sobreexplotación por parte de estas tres empresas ha provocado un deterioro grave, permanente e irreparable del acuífero, de las vegas de Tilopozo, de la fauna; y de los sistemas de vida y costumbres de pueblos indígenas abandonadas por el Estado de Chile y dejadas a merced del extractivismo minero.
Reino Unido y el litio del Valle de Jadar, Serbia
Rio Tinto, segundo controlador de Minera Escondida, busca extraer litio en la región rural conocida como el Valle de Jadar, en Serbia, donde ha encontrado el rechazo de comunidades locales y de movimientos socioambientales de todo el país. “Bajo la protección de los acuerdos bilaterales de inversión entre Serbia y el Reino Unido, donde se encuentran las oficinas centrales de la empresa, Rio Tinto ha minimizado y desinformado constantemente a la población local, mientras que está claro que sus ganancias se sacarían del país. Todo esto apunta a cuán profundamente arraigado se ha vuelto el imperialismo ecológico, con Rio Tinto y otros en el asiento del conductor. Esto es todo lo contrario a una “transición verde» plena – cuyos adherentes son hoy las propias empresas, y que es proclamada por ellas como justificación para expropiar y explotar” señaló Aleksandar Aleksandar Matkovic, miembro ECO Acción Social organización firmante junto a OPSAL de la Declaración de Jadar.
Escazú en Latinoamérica
Como es sabido, la legislación ambiental vigente en Chile es permanentemente violada por parte de las empresas que operan en el Salar de Atacama y en otros territorios del país. A pesar de ello y a diferencia del Reino Unido, Chile y los países de Latinoamérica cuentan con el recientemente creado Acuerdo de Escazú – ratificado por el Presidente Gabriel Boric en 2022 – principal tratado medioambiental de la región donde se explicita que los países que lo han ratificado deben garantizar el Derecho a la Información Ambiental (Principio 1), la participación ciudadana (Principio 2) y la protección de defensores ambientales (Principio 3).
En este sentido “es necesario que tanto Reino Unido como Chile entiendan y exijan a las empresas mineras el cumplimiento de la legislación actual y los acuerdos suscritos por el país, así como también reconozca el derecho que los pueblos tienen a decir no frente a proyectos que alteren y afecten sus territorios”, finaliza Espíndola.
