Si como país no queremos seguir repitiendo los mismos errores ocurridos en Zonas de Sacrificio (como Quintero-Puchuncaví, Coronel u otros), es necesario que el Estado sea capaz de actuar rápidamente y establezca una estrategia nacional del litio que vaya más allá de la creación de más instituciones, sino que a la base sostenga la justicia y la protección de las comunidades para un desarrollo real para sus territorios.