Las empresas mineras recurren a organismos de certificación para realizar auditorías sociales y medioambientales de sus operaciones. Pero la mayoría de los sistemas son voluntarios y se ven acosados por problemas de conflicto de intereses y el temor a que se pase por alto a las comunidades.
“La gente tiene mucho miedo de denunciar, porque significaría ir en contra de la principal empresa de la región».
Bajo el vasto desierto chileno de Atacama se esconde una preciada agua -fuente de las frustraciones de Ramón Balcázar. Aquí abunda el agua rica en sales de litio, y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) controla gran parte de ella.
Su mina de litio en el Salar de Atacama es un importante proveedor mundial del mineral crítico para baterías. También es muy controvertida, ya que se ha enfrentado a acusaciones de infracciones medioambientales y a la oposición local. En septiembre se publicó una auditoría independiente de la mina, como parte de la adhesión de SQM a una iniciativa de minería responsable.
En las dos últimas décadas se ha creado una serie de estándares voluntarios que promueven las mejores prácticas que han sido creadas. Principalmente en respuesta a catástrofes de gran repercusión y a la denuncia del impacto destructivo de la minería. Estos programas están concebidos para ayudar a sanear el sector, pero sus detractores sostienen que ofrecen un barniz de sostenibilidad.
La Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable -conocida como IRMA por sus siglas en inglés-, desarrollada por compradores finales como Microsoft y Tiffany & Co junto con ONGs, es considerada por muchos la más rigurosa. Su Estándar para la Minería Responsable, utilizado para auditar a SQM, evalúa el desempeño social y ambiental de una mina. Se lanzó en 2018 para dar cabida por igual a opiniones de comunidades, sindicatos, activistas e industria. Entre sus 60 miembros también hay fabricantes de automóviles, como BMW y Volkswagen, que necesitan cada vez más litio y materiales extraídos para los vehículos eléctricos.
La auditoría de SQM recibió una alta puntuación (75/100). Pero Ramón Balcázar, coordinador en Chile del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL), cree que no se consultó adecuadamente a la población local afectada. Los auditores sólo entrevistaron a ocho personas de cuatro comunidades indígenas durante una visita in situ. Según el informe, «por falta de tiempo, no se consultó a todas las comunidades fuera del área de influencia directa».
«SQM es una de las empresas más dañinas de Chile, están destruyendo el Salar de Atacama y ahora utilizan la certificación IRMA para hacer greenwashing a escala internacional», afirma Balcázar.
En febrero de este año se inició un caso de soborno en el que están implicados un ex ejecutivo de SQM y varios políticos. Por su parte, el Tribunal Medioambiental de Chile informó a Investigate Europe que sigue abierta una investigación sobre presuntas infracciones en la mina. SQM fue acusada en 2016 de seis infracciones y la empresa presentó entonces planes de cumplimiento para resolver el caso. Sin embargo, las comunidades indígenas han pedido que se mantengan las sanciones y las autoridades medioambientales inspeccionaron las instalaciones en febrero.
La auditoría de IRMA señaló que eran necesarias algunas mejoras, como la seguridad y la gestión de residuos. Sin embargo, OPSAL y otros temen que el Salar de Atacama sufra una posible escasez de agua en el futuro, además de la pérdida de ecosistemas y la vida silvestre que lo habita.
En un comunicado, SQM afirmó que su litio tiene «una de las huellas medioambientales más bajas» del mundo, y que la empresa aspira a producir litio carbononeutral para 2030. Añadiendo que la empresa aporta «entre 10 y 15 millones de dólares anuales a las comunidades indígenas vecinas», y que sigue sólidos procesos de diligencia debida.
«Los informes de sostenibilidad corporativa de SQM, publicados desde 2006, de acuerdo con GRI desde 2010 y auditados de forma independiente desde 2020, documentan todas las actividades de SQM con las comunidades locales», asegura el comunicado. «Estamos orgullosos de nuestro continuo diálogo abierto con nuestros vecinos. SQM tiene acuerdos integrales con 4 de 5 comunidades en nuestra área de influencia».
Balcázar explica que las contribuciones monetarias hechas por SQM a las comunidades y la región -que recientemente han sido objeto de escrutinio-, no resuelven los impactos negativos a largo plazo de la mina.
«Inyectar grandes cantidades de dinero en comunidades, municipios y universidades no resuelve la insostenibilidad ambiental de la minería del litio (o del cobre) en el Salar de Atacama… los ecosistemas se dañan perpetuamente», añade.
IRMA declaró a Investigate Europe que la auditoría podría haber estado «más profundamente informada» por una mayor retroalimentación de los pueblos indígenas y la sociedad civil. La directora ejecutiva, Aimee Boulager, dijo que la gente «con razón sigue siendo escéptica», ya que IRMA es nueva y hasta ahora sólo se han realizado cuatro auditorías.
Los auditores fueron ERM CVS, una empresa británica propiedad del gigante del capital de riesgo KKR. Forma parte de ERM International Group, una consultora con varios clientes mineros. La empresa es propiedad en parte de Corporación Financiera Alba, un fondo de inversión español. Alba también posee una participación en Acerinox, un conglomerado de acero inoxidable, dependiente de materias primas. Tomás Armengol, miembro del consejo de Acerinox, es consejero no ejecutivo del grupo ERM. La Corporación Financiera Alba no respondió a las solicitudes de comentarios.
Un portavoz de ERM dijo que su negocio de auditoría es una entidad separada e independiente del grupo en general. «ERM CVS está acreditada según la norma ISO 17021, que es la norma internacional que especifica los requisitos que deben cumplir los organismos de certificación para garantizar su independencia y que el trabajo de certificación de sistemas de gestión se lleva a cabo de forma competente, coherente e imparcial.»
Sin embargo, como ocurre con todos los fondos de capital de riesgo, se desconoce quién puso el dinero utilizado por KKR para comprar una participación mayoritaria en el grupo ERM. A la pregunta de cómo podrían evitar el conflicto de intereses si no se sabe quiénes son los propietarios últimos, ERM respondió: «ERM no tiene acceso a ninguna información sobre los fondos de KKR. KKR no tiene acceso a ninguna información de clientes individuales de ERM».
La empresa dijo que se había puesto en contacto con varios interesados locales durante la auditoría de SQM, y añadió que había ofrecido más oportunidades de entrevista a los locales, pero que no había recibido ninguna respuesta.
ERM CVS es uno de los dos auditores aprobados por IRMA, quien a la fecha ha realizado otras dos auditorías, incluida una de la mina de litio Abermarle en el Salar de Atacama, que obtuvo una puntuación de 50/100.
Las auditorías las pagan directamente las empresas mineras, lo que crea una relación comercial con los auditores y aviva los temores de conflicto de intereses.
Human Rights Watch, miembro del consejo de IRMA, declaró en mayo: «IRMA aún necesita mejoras significativas… para salvaguardar la independencia de sus auditorías y abordar los conflictos de intereses reales o percibidos entre las empresas de auditoría y las empresas mineras. IRMA también debería trabajar para presionar más eficazmente a las empresas mineras para que corrijan y remedien los daños detectados durante las auditorías».
Incluso la propia IRMA reconoce las deficiencias actuales. «Vemos riesgos en los posibles conflictos de intereses de los auditores», dijo Boulager. Admitió que aún se está generando confianza, pero afirmó que el enfoque detallado de IRMA, basado en la participación de múltiples partes interesadas, y el hecho de que los informes se hagan públicos, la separan de otras iniciativas.
«De este modo, IRMA no sólo trabaja para abordar los conflictos de intereses, sino para impulsar un cambio fundamental en la forma de realizar las auditorías… con miembros de la comunidad y trabajadores seguros para participar y ofrecer toda su gama de puntos de vista».
Anglo American es otro miembro de IRMA. A pesar de formar parte de varios programas voluntarios, la multinacional se enfrenta a reacciones negativas por la ampliación de una mina de cobre en Chile, además fue acusada en 2021 de fallar a las comunidades en una explotación de mineral de hierro en Brasil. Esta mina está siendo auditada por ERM CVS.
Fue en otra mina brasileña de mineral de hierro en 2019, cuando los focos se centraron en la industria auditora. Cuando una presa de la mina de Brumadinho se derrumbó, desencadenó una avalancha de lodo que mató a cientos de personas. Solo unas semanas antes de la tragedia, una inspección de un organismo de certificación consideró que la presa era «estable».
Otros proyectos también se han visto envueltos en polémicas. Cecilia Mattea, de Transporte y Medio Ambiente, ONG con sede en Bruselas y miembro de IRMA, afirma que IRMA es la más fiable en una «jungla» de ofertas. Pero advierte: «Sigue estando demasiado vinculada a los documentos internos facilitados por las empresas. En general, los sistemas de certificación no pueden sustituir a las leyes medioambientales y sociales de un Estado».
El Consejo Internacional de Minería y Metales y otros grupos fueron criticados en septiembre por sus planes de lanzar un nuevo programa de auditoría dirigido por la industria. Una carta de 35 ONGs afirmaba que la propuesta «afianzaría el control de la industria minera» sobre las normas.
«El resultado final será una norma que carecerá de la transparencia y el rigor necesarios para proporcionar información creíble», decía la carta. «Esto dañaría la credibilidad de las empresas implicadas y podría considerarse ‘lavado verde'».
Con todo, en la nueva Ley de Materias Primas Críticas, un reglamento de la UE destinado a reactivar la minería en todo el bloque, la Comisión Europea pretende basarse, en parte, en normas voluntarias. Si una empresa minera ha obtenido una puntuación positiva, eso podría ayudarle a obtener luz verde para un proyecto minero estratégico. Según los planes, las certificaciones servirán para acelerar la concesión de nuevas licencias en Europa para minas de litio, cobre y tierras raras.
Los grupos ecologistas sostienen que los planes no deben considerarse un «puerto seguro» para las empresas. «Esperamos que la versión final del reglamento europeo sobre materias primas dé menos valor a las certificaciones, que pueden añadir información sobre un proyecto minero, pero no actuar como una etiqueta de sostenibilidad», afirma Mattea.
Escrito por Maria Maggiore y Chris Matthews para Investigate Europe.
Link publicación original: https://www.investigate-europe.eu/posts/greenwashing-fears-mining-audit-industry
