El concepto de certificación es bien conocido y esencialmente fallido en industrias
extractivas como agroindustria (palma, soja), silvicultura, pesca y piscicultura, entre otras.
También en las actividades mineras, los esquemas de certificación se están pretendiendo
convertir en una industria influyente (sobre las políticas) que intenta que las comunidades
se rindan ante las exigencias del capital: minar y destruir la tierra, el agua y la vida para las
nuevas tecnologías y la transición energética. Rechazamos el lavado verde de la destrucción
minera social y ambiental irreversible. Participar en el proceso como comunidades afectadas
u organizaciones de la sociedad civil (ONGs) contribuye a legitimar este sistema perjudicial.
- La “transición energética” tal y como se ha propuesto es un invento de un estrecho
grupo de partes interesadas, cuya prioridad no es remediar y reparar el planeta,
sino capitalizar la crisis climática para mantener sus privilegios. La idea de una
minería “responsable”, “verde” y “sostenible” tiene el fin de obtener una supuesta
“licencia social” para la industria minera, cuya reputación se encuentra en mínimos
históricos debido a todas las violaciones. La certificación se está convirtiendo en
una parte esencial de la promoción de la industria, que alega que ha cambiado,
que ahora trabaja con los “estándares más elevados”. Este lavado verde sistémico
de la propia industria oculta sus pautas y hechos perjudiciales y da licencia a las
empresas para continuar. - Actores privados crean esas normas de modo sesgado para servir a los grupos de
interés (multistakeholders) de la industria en la obtención de licencias para nuevas
minas o para continuar con operaciones existentes. Los organismos que acreditan
la certificación establecen normas para la industria minera y supuestas mejores
prácticas para la industria extractiva. De este modo, crean credibilidad sobre la
“sostenibilidad” y “responsabilidad” de una industria fundamentalmente destructiva. - Los criterios de las distintas normas y sistemas de certificación varían mucho
y, sobre todo, reflejan las preocupaciones de las empresas mineras, no las de
las comunidades ni acerca del ambiente. Aunque algunas hacen referencia o
pueden incluir convenciones o normas internacionales (ONU, OCDE, etc.), es
cuestionable la legitimidad de auditores privados para evaluarlas. Además, los
criterios pueden ser incompatibles tanto con convenios internacionales como el
169 OIT y el de Escazú, en América Latina, como con leyes nacionales y modos
locales de gobernanza, y para nada ser aplicables a todos los lugares, contextos y
comunidades. - Tales normas, iniciativas industriales y sistemas de certificación se desarrollan
principalmente en el Norte Global y sirven para perpetuar los privilegios de las
clases financieras y políticas de las potencias mundiales. El propio proceso de
creación de una norma, sus criterios y el sistema de certificación se extiende por
lo general demasiado en el tiempo y, al final, el largo proceso acaba funcionando
como una maniobra de distracción mientras las actividades mineras siguen
avanzando sin pausa. - Las normas de certificación no están pensadas para responsabilizar a las empresas
mineras de sus infracciones, castigar sus delitos, detener o cerrar sus operaciones,
sino para que las actividades mineras parezcan más limpias y aceptables,
en particular para los compradores y procesadores a lo largo de la cadena
de suministro de las materias primas (p. ej., procesadores de níquel, industria
automovilística, etc.), y luego se utilizarán con fines de comercialización y lucro. - La certificación se lleva a cabo principalmente mediante auditorías, que pueden
ser meramente burocráticas -basadas en declaraciones de las propias empresaso, en algunos casos, pueden implicar visitas in situ. Sin embargo, las visitas a las
instalaciones tienen lugar en un momento y lugar determinado, normalmente
acordadas con la empresa que se prepara para mostrar su mejor cara. Tal
escaparate, obviamente no refleja la totalidad de la actividad de dicha empresa
en el proyecto, ni en el conjunto de sus operaciones. Además, comunidades
indígenas y defensores de la naturaleza en Sudamérica denuncian que el
proceso de auditoría se restringe a actores sociales seleccionados que, como
mínimo, necesitan traducciones, un computador, acceso a Internet y tiempo para
responder a confusos cuestionarios. Aún más importante, sea cual sea el resultado
o calificación obtenida por la certificación, es probable que la empresa utilice su
mera participación para mostrar mediante publicidad que es “responsable” y que
trabaja para “mejorar”, promesas que no suelen cumplirse. - La empresa minera paga a otra empresa, la certificadora, por sus servicios,
la cual a su vez suele contratar a otra empresa para que realice la auditoría.
Inevitablemente, existe una predisposición a aprobar o garantizar que la empresa
minera lo está haciendo bien, o que su proyecto cumple la norma. Se crea un
fuerte conflicto de intereses, ya que ninguna empresa puede basar su modelo
de negocio en empresas del sector que fracasan. Si no les ayudan a “pasar” la
prueba, la empresa simplemente se dirigirá a otro organismo de certificación
que les apruebe, lo que para él significa para el primer certificador, perder
irreversiblemente un cliente. El propio sistema rebaja la norma pretendida ya que
el certificador cobra por certificar (y aprobar) a la empresa minera y es lo que va a
hacer independientemente de lo que encuentre. - Estas iniciativas industriales trasladan y privatizan responsabilidades de los
gobiernos al sector privado, gestionado por tecnócratas que aplican el sistema
para beneficio tanto de las empresas mineras como de las certificadoras.
Especialmente preocupante resulta que algunos gobiernos estén trabajando para
incluir los sistemas de certificación privados en su legislación como resultado del
fuerte lobby empresarial internacional en los países ricos en minerales. - Las normas y las certificadoras también privatizan el acceso a la reparación, en los
casos en que ofrecen mecanismos de reclamación. Sin embargo, no hay ninguna
garantía de que se haga justicia. Ya de por sí es extremadamente difícil contar con
un proceso justo y equitativo para las comunidades afectadas por minería. Por lo
tanto, los sistemas de certificación pueden reforzar la impunidad de las empresas. - La certificadora alemana TÜV SÜD “aprobó” la seguridad en Brumadinho
cuatro meses antes del desastre, siendo conocidos los riesgos. Las normas y certificadoras privadas existentes deberían como mínimo responder de su propia responsabilidad en catástrofes humanas y naturales. La certificación se está desplegando ahora estratégicamente para contribuir a la expansión masiva y a cualquier precio de la industria minera de “minerales críticos”. Es el caso de los salares de Sudamérica, donde la extracción de litio de SQM,
Albemarle (Chile) y Livent (Argentina) están siendo certificadas a pesar de las
continuas violaciones y de los directos reclamos de comunidades y organizaciones locales para que estas empresas sean excluidas de cualquier sistema de certificación. Mientras, la presión que ejercen las organizaciones de certificación están produciendo el surgimiento de divisiones internas en las comunidades locales y movimientos sociales, lo que significa un impacto socio-ambientalprofundo en los territorios. Realmente, no tienen interés en consagrar y respetar el Derecho a Decir NO a la minería.
