Integrantes de OPSAL presentan en Conferencia por gobernanza de transición energética: «La extracción de litio sólo trae más problemas»

Los co-coordinadores del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, Verónica Gostissa (Argentina), Vivian Lagrava (Bolivia) y Ramón Balcázar (Chile), junto a los integrantes de OPSAL, Patricia Marconi y Pía Marchegiani expusieron en el panel ¿Puede la extracción de litio empujar la transición energética socio-ecológica? de la Conferencia «La gobernanza de la transición energética: Territorios, políticas y narrativas en disputa», realizada en la Universidad de San Martín, este jueves 29  de agosto. 

Durante la jornada, las y los panelistas abordaron la importancia de la protección de los salares andinos, ecosistemas claves de la puna atacameña desde donde se extrae litio, uno de los minerales que son utilizados para la creación de baterías utilizados mayoritariamente para los automóviles eléctricos fabricados principalmente en China y consumidos en Europa y Estados Unidos.

«La minería de litio es minería de agua y los proyectos extractivos utilizan cuencas que se conectan subterráneamente con recursos hídricos que NO son renovables» explicó la directora de Fundación Yuchán, bióloga de @Conicet, Patricia Marconi. «El cambio climático ya está en marcha y lo que hará la minería de litio es acelerarlo. Tenemos que asumir que hay límites pero el extractivismo avanza sin ninguna moratoria. La extracción de litio sólo trae más problemas» agregó. 

En esa dirección, Verónica Gostissa, integrante de Asamblea Pucará explicó que la experiencia de Catamarca, en Argentina, es un ejemplo de cómo se instala la minería de litio: junto con la militarización, secando ríos y presentando barreras para el acceso a la justicia. «Viendo cómo el río Trapiche se secó en Catamarca por la minería de litio quiero invitar a que dejemos de hablar de transición energética y llamémoslo tal cual como es: una apropiación». «No se analiza cuál va a ser el impacto de seis proyectos sacando miles de millones de litros de agua a la vez. Todo se aprobando con tremenda velocidad, y con una criminalización hacia defensores y defensoras ambientales que habitan el salar«, explicó la co-coordinadora de OPSAL en Argentina. 

En tanto, en Bolivia, Vivian Lagrava, co-coordinadora de OPSAL y abogada del Colectivo de DDHH Empodérate Potosí, explicó que «Para el gobierno boliviano, los salares son vistos como un territorio fiscal para extraer recursos y no como territorios donde habitan pueblos indígenas«. Conflicto que ha estado tensionando también al territorio de Jujuy, en Argentina, quienes organizados en el 3er malón por la Paz han expresado las problemáticas que viven las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, afectadas por la instalación de proyectos mineros de la mano con reformas impulsadas por el gobierno provincial. 

Respecto a las problemáticas que enfrentan las comunidades indígenas y no indígenas que habitan en torno a los salares, y la posición que tienen los gobiernos y la institucionalidad en torno a la instalación de megaproyectos,  Pía Marchegiani, directora de FARN, explica cómo los protocolos de consulta a las comunidades indígenas por proyectos de extracción de litio no cuentan con garantías mínimas de información, donde se instrumentalizan a las comunidades.

«La evaluación ambiental actual es una herramienta que se usa como una formalidad: no está ajustada al tipo de actividad, no tiene en cuenta al agua y a las comunidades. Se avanza con estudios, que son generados por las propias empresas«, señaló. Último punto que también fue abordado por co- coordinador de OPSAL en Chile y director de Fundación Tantí, Ramón Balcázar, quien expresó que la minería verde o responsable no existe, y que los mecanismos de certificación que las empresas quieren instalar como IRMA o EITI, es greenwashing y un mecanismo de despojo.

«Los sistemas de certificación funcionan con un esquema donde vemos primero la auto-certificación, lo que no solo es problemático porque se autoevalúan reemplazando el rol del Estado, sino que también son empresas que utilizan esto para una validación social, territorial, nacional e internacional, especialmente de las normas que está estableciendo el mercado Europeo«, argumentó.

En el panel también participó Melisa Argento, integrante del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC),  instancia co-organizadora junto a la Escuela de Política y Gobierno (EPyG) de la UNSAM,Transnational Institute (TNI), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el Observatorio Petrolero Sur (OPSur), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Argentina, y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Pía Marchegiani, junto a Luciana Ghiotto, UNSAM- Transnational Institute, Ramón Balcázar y Melisa Argento.
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