La Ministra de Minería anunció el proceso mediante el cual se determinarán los 26 salares que serán concedidos a empresas privadas para desarrollar proyectos de exploración y explotación de litio. Esta nueva etapa de la Estrategia Nacional del Litio reafirma la preferencia del Estado de Chile por el mercado sobre el medio ambiente, pues se define a los salares como depósitos de minerales en lugar de considerarlos ecosistemas o humedales altoandinos.
El pasado lunes 15 de abril, en el marco de la inauguración de la versión 2024 de Cesco Week, uno de los principales eventos de la industria del cobre a nivel mundial, la Ministra de Minería, Aurora Williams y el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, dieron por iniciada la puesta en marcha del llamado a inversionistas nacionales y extranjeros a presentar su interés por desarrollar uno o más proyectos para explorar y explotar yacimientos de litio en Chile (en inglés Request for information). El proceso tendrá una extensión de 60 días y permitirá determinar, en base a la información obtenida, los salares (sistemas hídricos de altura) sobre los cuales el Estado comenzará el proceso para el otorgamiento de Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), “priorizando aquellos yacimientos en los que se ha manifestado interés”, según explica el documento con las bases del procedimiento, el cual se encuentra publicado en el sitio web del Ministerio de Minería. El proceso se cerrará el día lunes 17 de junio y se espera que el listado de los salares puestos como prioridad por el mercado se conozca a más tardar el martes 9 de julio, según informó La Tercera. Esta medida genera preocupación en cuanto a la conservación de estos ecosistemas andinos, cruciales para la biodiversidad de la puna y para las comunidades indígenas y rurales que los habitan.
En la conferencia de prensa, Grau afirmó que desde el lanzamiento de la estrategia, el Estado de Chile se ha contactado con un gran número de empresas de distintos países, las cuales han mostrado su interés en explotar litio en territorio chileno. El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, declaró en un comunicado emitido por el Ministerio de Minería, que “se abre un mecanismo que reafirma que habrá espacio para todos para invertir en proyectos para extraer un mineral prioritario para desarrollar una economía más verde. El sector privado tendrá el liderazgo y podrá asociarse con el sector público en el caso de los 26 salares que estarán abiertos a expresar interés”.
El llamado del gobierno está dirigido a entidades privadas que expresen “interés por participar en proyectos relacionados con la exploración, explotación y procesamiento del litio contenido en salares u otros tipos de depósitos en Chile”, según se describe en la página de descarga del documento. Esta afirmación pone en evidencia el paradigma predominante en nuestro país, para el cual los salares no son clasificados realmente como un tipo de humedal, sino cómo simples yacimientos mineros.
La Estrategia Nacional del Litio llevada adelante por el Estado, establece una Red de Salares Protegidos que considera sólo el 33% de los salares emplazados en territorio chileno, además plantea un rol protagónico de las empresas públicas con la participación de privados en todos los proyectos, ya sea como socios en los salares clasificados como estratégicos, o desarrollando proyectos propios de exploración y explotación minera en los 26 salares que serán licitados. Estos avances en la Estrategia del Gobierno, anunciados hace pocas semanas, han generado diferentes cuestionamientos por parte de organizaciones sociales y ambientalistas de la sociedad civil. En un comunicado publicado el mismo día del anuncio, 95 organizaciones ambientales declararon que “Estos ecosistemas frágiles y de alto valor en biodiversidad son más que simples depósitos de minerales; albergan una biodiversidad excepcional y son vitales para la agricultura local y las comunidades indígenas, proporcionando agua en una zona con vulnerabilidad hídrica y sustentando actividades como el agropastoreo y el turismo. Lamentablemente, este anuncio se hace sin contar con estudios acabados sobre la hidrogeología de estos territorios ni el valor socioambiental que estos representan para las comunidades y la región”.
En Chile, principalmente en el Salar de Atacama, se encuentran las mayores reservas de litio del mundo, representando entre el 30% y el 40% del total. Este mineral, junto a otros como el sodio y el potasio, se halla contenido en salares y humedales del altiplano en forma de salmuera (agua con sal). Estos ecosistemas de altura, que sustentan una biodiversidad única y compleja, son fundamentales para los modos de vida de las comunidades indígenas y rurales que habitan en torno a ellos. Sin embargo, se enfrentan a un grave peligro debido al aumento progresivo en el consumo de litio, especialmente en el contexto de la transición energética corporativa global y el crecimiento de la electromovilidad, como lo indica un informe de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el cual proyecta que la demanda de litio tendrá un crecimiento anual promedio de 15,5%.
Para Igrid Garcés, investigadora de la Universidad de Antofagasta y miembro de OPSAL, “según la propuesta de red de salares, esta se construyó con la mejor información disponible y en base a criterios de valor ambiental, tales como la conservación de la biodiversidad, conservación de recurso hídrico, secuestro de carbono, y beneficios sociales y culturales. Mi duda es dónde están esos estudios, como por ejemplo en los salares de Surire, Huasco, Ascotan, Carcote, Gorbea, etc., los cuales han estado intervenidos sistemáticamente por la extracción de agua y la extracción de boratos por parte de empresas mineras en las últimas décadas, y es evidente el deterioro y la pérdida de biodiversidad. ¿Cómo es posible proteger un sector geográfico dentro de un salar, si se impacta en todo el acuífero?. Estamos hablando de un ecosistema vivo, no un yacimiento inorgánico”.
Al pensar los salares como depósitos mineros en lugar de valiosos ecosistemas, se evidencia una marcada preferencia por el mercado por sobre la conservación y el cuidado del medio ambiente, donde se apuesta por impulsar la llamada economía verde y el modelo de transición energética y electromovilidad promovidas por el Norte Global, que reproducen la colonialidad energética y el paradigma extractivista. Es esencial que, en estos procesos que son relevantes para todas y todos los actores sociales, se promueva una discusión informada y se busquen soluciones equilibradas que consideren tanto la justicia social y ambiental, como el respeto de los Derechos Humanos y de la Naturaleza.
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