Durante la Semana de las Materias Primas de la Unión Europea, que se celebró entre el 9 y el 13 de diciembre en Bruselas, Bélgica, organizaciones de la sociedad civil de América Latina que componen la Alianza Humedales Andinos, alertaron que las regulaciones de la Unión Europea no respetan derechos de las comunidades afectadas o en riesgo de ser impactadas por proyectos de extracción de minerales utilizados para la transición energética y otras industrias.
«Estamos aquí porque queremos hacer un llamado no solo a la Unión Europea sino que también al Parlamento Europeo y a las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en esta región a impulsar una transición socioecólogica justa, que no solo tenga en cuenta aspectos ambientales y derechos indígenas, sino que también sus propias transiciones que deben emerger desde los territorios latinoamericanos que ya se encuentren profundamente vulnerabilizados en contexto de la crisis climática» sostuvo Ramón Balcázar, co-coordinador de OPSAL y director ejecutivo de Fundación Tantí.
Durante esta semana de actividades, la Comisión de la Unión Europea discutió sobre la implementación de la Regulación Europea de Materias Primas Fundamentales (Critical Raw Materials Regulation, CRMR) vía los ‘proyectos estratégicos’ y ‘asociaciones estratégicas’ en y con países del Sur Global, específicamente en Latinoamérica, donde gran parte de estos minerales se encuentran en ecosistemas estratégicos para la vida y territorios indígenas.
«Es crítico que las discusiones y la normativa no incluya mecanismos sólidos de debida diligencia de derechos humanos y ambientales adecuadas al contexto sociocultural de esta región. Por el contrario, la regulación permite que las empresas europeas se autorregulen en el cumplimiento de estándares de derechos humanos y ambientales mediante esquemas que no dan cuenta de la complejidad de los impactos agregados y sinérgicos de las actividades extractivas que se expanden a gran velocidad debido a la demanda europea y global», informaron desde la Alianza.
“Desde Europa se busca asegurar el acceso a minerales y energía por medio de la modernización de tratados de libre comercio, acuerdos bilaterales de inversión y la propia CRMR. Desde esta nueva ley, se promueven mecanismos privados de participación multiactor y estándares mineros en materia ambiental o de transparencia que no pueden ser entendidos como sustituto de los procedimientos y regulaciones contempladas en las leyes de países. Actualmente, son utilizados por las mismas empresas y estados que en conjunto niegan sistemáticamente el derecho a la consulta libre, previa e informada de pueblos muchas veces afectados simultáneamente por megaproyectos mineros y energéticos”, indicó.
