Organizaciones Ambientales de sociedad civil de Bolivia y Defensores/as Ambientales nos pronunciamos, azorados por las posiciones contradictorias de quienes, por un lado, cuestionan la suscripción de los contratos con las transnacionales y por otro, no muestran una posición firme para la defensa del agua, los humedales y la biodiversidad en medio de la vorágine extractivista.
Según el Artículo 158 de la CPE, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene el deber de aprobar o rechazar contratos de interés nacional y de fiscalizar la administración de los recursos naturales en beneficio del pueblo. Asimismo, el Artículo 342 establece que la conservación del medioambiente es un deber del Estado y de toda la sociedad, incluyendo a los legisladores, quienes deben velar porque cualquier política o contrato relacionado con los recursos naturales respete el principio del interés colectivo y la sostenibilidad. Se tome en cuenta los siguientes aspectos:
RECHAZAMOS la politización e instrumentalización de la cuestión ambiental, que se deja entrever en el discurso de políticos, lideres sindicales y de otra índole a los que, no les importa, ni el agua, ni la biodiversidad, ni los territorios. Que quienes se movilizan con visión regalitaria para la explotación del litio, valoren lo más preciado: el agua y los territorios. El valor incalculable del Salar de Uyuni y los demás salares es más grande como ecosistema debido a que los humedales/salares/bofedales son determinantes para los sistemas de vida de la biodiversidad (como el caso de flamencos, vicuñas y otros) y están protegidos por la Convención para proteger humedales de importancia internacional.
EXIGIMOS que se respete el derecho al agua de la MADRE TIERRA (art. 3, ley 300) porque nuestra pachamama es sujeto de derechos y todas las decisiones deben considerar que nuestra vida depende de su bienestar.
Recordamos que este lugar ya es una enorme riqueza para el país en materia turística, alterar sus ecosistemas significaría un impacto directo para el turismo del que viven las comunidades de la Ruta Laguna de Colores (desde Tupiza, Quetena Grande, Mallku Villa mar hasta Uyuni ciudad) para esta importante actividad y emblema a nivel internacional.
EXIGIMOS coherencia y transparencia en las acciones de parte de YLB, el Gobierno Central y cuanto actor político está involucrado ya que el Estado y sus dependencias y niveles de gobierno TIENEN LAS MISMAS
OBLIGACIONES en materia de derechos humanos, por lo tanto, debe asegurarse el agua primero para la vida (art. 374 de la CPE). las plantas de tratamiento de agua que se proyectan en ambos contratos NO SON PARA BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES sino para asegurar el agua dulce para el procesamiento de las salmueras.
EXIGIMOS la aplicación del principio precautorio y por lo tanto, elaboración de estudios hidrogeológicos que nos permitan identificar la situación del agua subterránea. Especialmente en los territorios que ocupan las comunidades del área de influencia de los proyectos del litio.
EXIGIMOS que se garantice los derechos humanos de las comunidades indígenas a vivir en su territorio con condiciones dignas, a desarrollarse en condiciones cónsonas con la salud; cuidando sus fuentes de agua y a la sostenibilidad para sus futuras generaciones (Art. 374 CPE).
Revisa el pronunciamiento público aquí: