Desde el anuncio de la Estrategia Nacional del Litio (ENL), en abril de 2023, la Comunidad Atacameña de Socaire ha efectuado reiterados intentos para que se le reconozca su particular situación de mayor exposición y vulnerabilidad, en relación a la explotación del litio que se efectúa en el Salar de Atacama y que se prolongará hasta el año 2060.
Sin ir más lejos, esta situación fue el origen de las protestas que frustraron el inicio del proceso de consulta indígena en mayo de este año, el cual debió ser reprogramado por Corfo para la primera semana de noviembre, y adicionar un periodo de reuniones y participación temprana con cada una de las comunidades, entre ellas la Comunidad Atacameña de Socaire, para conocer sus particularidades y poder retomar el proceso.
A sólo días de que se produzca este hito, la Comunidad Atacameña de Socaire está sumamente atenta a que los nuevos contratos de arrendamiento de las pertenencias mineras que arrendará Corfo a la sociedad conjunta que surja del acuerdo entre SQM y Codelco, y que regirán hasta el 2060, contengan las garantías de reconocimiento a su particularidad territorial, que ha sido vulnerada en los procesos anteriores, como también a que el procedimiento de consulta convocado sea el adecuado para el diálogo.
La presidenta de la Comunidad Atacameña de Socaire (CAS), Sandra Cruz, enfatizó que “para las comunidades en las que se encuentran insertas las pertenencias y las actividades extractivas del litio, es de vital relevancia que, tanto en la Consulta Indígena para definir el sentido y alcance de los contratos de arrendamiento con Corfo, como en el Acuerdo Societario entre SQM y Codelco, así como en la elaboración de una gobernanza de largo plazo, se considere de manera expresa nuestra condición como territorios en área de afectación, garantizando una participación diferenciada del resto de las comunidades y un rol preponderante en la toma de decisiones respecto de estas actividades que se realizan al interior de nuestro territorio”.
En efecto, la mayor parte de las actividades extractivas de la industria del litio como el Campamento Andino de SQM se encuentran emplazados en el territorio de la CAS, amenazando actividades ancestrales y económicas como la agricultura, el pastoreo y la disponibilidad de agua para sustento. A esta razón, durante el proceso de consulta previa y reuniones con Corfo, la comunidad solicitó que en esta consulta se ajusten los mecanismos de deliberación, así como que se definan grupos de interés para distinguir adecuadamente la particularidad de la Comunidad Atacameña de Socaire, propietaria ancestral del territorio en donde se encuentran emplazadas las pertenencias mineras objeto del contrato, entre otros elementos que den garantías mínimas para generar un adecuado diálogo y discusión, sin poner en riesgo la autonomía de la Comunidad.
“Confiamos en que Corfo no cometa los mismos errores que en las consultas anteriores, y que se cumplan los compromisos adquiridos en las reuniones y consultas preliminares, de reconocer y respetar la situación particular de la Comunidad Atacameña de Socaire, tanto en su autonomía territorial, como en su nivel de afectación entre todas las comunidades del Pueblo Atacameño”, destacó Cruz.
