Un amplio frente social se ha levantado en Argentina en contra del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) incluido en la llamada «Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» (27.742). Integrantes de asambleas, comunidades indígenas, organizaciones sociales, partidos políticos y activistas están uniendo sus voces para exigir a las autoridades provinciales y municipales que rechacen esta propuesta, argumentando que representa una vulneración inconstitucional de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional (ver).
En ese contexto, en julio pasado se levantó la Campaña Plurinacional No al RIGI, cuyo objetivo es oponerse a la adhesión al régimen en cada provincia y localidad Argentina. En ese sentido, se emitió una declaración respaldada por diversos sectores de la sociedad civil, donde se denuncia que el RIGI contradice varios pilares de la legislación argentina, en particular el artículo 41 de la Constitución, que protege el derecho a un ambiente sano. Asimismo, se plantea que este régimen va en contra del principio de «no regresividad en materia ambiental» y de compromisos internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, que busca salvaguardar los Derechos Humanos básicos.
Es importante destacar que, aunque los acuerdos y las leyes mencionadas protegen a las comunidades afectadas y les proporcionan herramientas legales para resistir el avance extractivista, estas comunidades siempre han tenido que mantenerse en alerta, defendiendo sus territorios y llevando a cabo diversas formas de movilización social para asegurar el respeto a dichas leyes. La gravedad de la situación actual radica en que con la implementación del RIGI, todos esos acuerdos podrían ser descartados.
Uno de los puntos más alarmantes es que el Régimen anula el derecho a la consulta previa e informada de las comunidades indígenas, tal como estipula el Convenio 169 de la OIT. Esto representa una grave amenaza contra los territorios y los derechos de las comunidades originarias cercanas a los sitios de interés para proyectos mineros. Además, la población en general se vería privada de un acceso adecuado a la información, lo que limitaría su participación en decisiones que impactan su entorno, contrario a lo establecido por el Acuerdo de Escazú. Esto pone en peligro los ecosistemas de la Puna Andina y a sus habitantes, debido al avance de la minería de litio y otros minerales que se extrae de las aguas subterráneas (salmuera) acumuladas por cientos o miles de años en el fondo de las cuencas donde se emplazan los salares altoandinos y la compleja biodiversidad que poseen.
La declaración subraya que quienes adhieran al RIGI podrían enfrentar una alta conflictividad social, dada la insostenibilidad ambiental de sus acciones y las consecuencias económicas y sociales que podrían emanar de su implementación. Este régimen, al invitar “a las provincias y municipios a ceder parte de su autonomía política, legal y ambiental”, plantea preocupaciones sobre el posible predominio de intereses corporativos sobre las necesidades de las comunidades locales.
Según las organizaciones que adhieren a la campaña, los riesgos son amplios: se teme por el acceso al agua, un recurso vital que podría ser priorizado para grandes empresas, tanto locales como transnacionales, en detrimento de las necesidades comunitarias. La amenaza de la pérdida de fuentes de trabajo y la destrucción de economías regionales ya acentuadas por el contexto actual preocupa a muchos; la rápida implementación del RIGI dejaría poco espacio para estudios de impacto ambiental rigurosos, lo que podría llevar a decisiones perjudiciales a largo plazo. Para Néstor Omar Ruíz, antropólogo parte de la organización Juntos Podemos por un Ambiente Sano de Jujuy, Argentina y miembro de OPSAL, “el RIGI es un régimen de facilidades para grandes inversiones. ¿Esto qué significa?: que todos los proyectos extractivistas como la explotación de la mega minería a gran escala y metales livianos, tengan una oportunidad de invertir con un sistema por el cual, durante 30 años les garantizan estabilidad en las condiciones impositivas, laborales, etc.”.
La movilización social, cada vez más contundente, se erige como una respuesta ante la posibilidad de que se ignoren los derechos y la voz de las comunidades afectadas, sobre todo considerando la Resolución 499/24 del Ministerio de Seguridad, que crea el “Plan de Seguridad Productiva” para resguardar los intereses de empresas extractivas principalmente en la zona petrolífera y gasífera de Vaca Muerta, así como en la región del altiplano andino mal llamada “triángulo del litio”. Esto abre la puerta a la criminalización de quienes se resistan a los proyectos que ponen en peligro los ecosistemas y a las comunidades originarias que los protegen (ver nota).
En este contexto, el movimiento socioambiental sostiene que es necesario preservar las localidades y sus implicancias de esta ley, que no solo podría anular políticas de protección ambiental ya conseguidas, sino que también sentaría un precedente de desprotección de los derechos inalienables de las poblaciones locales. Según el antropólogo, “se abre una puerta para que ingresen los capitales más saqueadores del planeta que habitualmente se asocian con estas empresas y producen este extractivismo que deja a las poblaciones con pasivos ambientales determinantes que afectan o directamente imposibilitan la vida”.
A medida que avanza el debate, la presión social sobre las autoridades para que reconsideren la adhesión al RIGI aumenta. La lucha por un futuro socio-ambientalmente sostenible y en armonía con la naturaleza continúa, defendiendo así los derechos de las comunidades y el bien común frente a los grandes intereses económicos. La protección del medio ambiente y de los derechos humanos debe prevalecer por sobre el extractivismo y los intereses de las empresas.
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