El documento «Inversiones canadienses de litio en Chile: extractivismo y conflicto» acaba de ser publicado por el Observatorio Pluniracional de Salares Andinos, OPSAL.
El texto fue realizado por los autores Cristián Flores Fernández, Ramón Morales Balcázar, Viviana Herrera y Devin Holterman, y se publicó gracias a la ayuda de dos importantes organizaciones canadienses, Mining Watch Canada y Beyond Extraction, contando además con el apoyo de Fundación Tantí y el patrocinio del The 11th Hour Project.
Son 37 páginas en las que se describen los intereses mineros canadienses, especialmente en los metales que posibilitan la llamada transición verde, el cobre y el litio, vinculadas a la electromovilidad. También se hace una breve reseña de la presencia canadiense en minería chilena y finalmente, se detallan los proyectos en carpeta o desarrollo de empresas canadienses de litio en Chile y los salares y humedales a los que afectan.
En su presentación, los autores Ramón Morales Balcázar y Cristian Flores Fernández dicen: «las políticas extractivistas llevadas adelante por el gobierno derechista de Sebastián Piñera encuentran eco en los planes neocolonialistas de países como Canadá, cuyo interés explícito en la explotación de minerales en Chile se materializa en el surgimiento
de numerosos proyectos de litio en diversos territorios del país. Es así como el extractivismo verde se ha transformado en foco de conflicto en territorios indígenas y rurales fuertemente degradados en términos socioecológicos, poniendo en jaque a pueblos y defensores de la naturaleza que, además, se enfrentan a los impactos de la pandemia y del mismo cambio climático que el mercado de la electromovilidad promete resolver».
Al respecto, ambos declaran además que, con el texto, buscan dar cuenta, «en diálogo con actores locales usualmente invisibilizados, de la responsabilidad de las inversiones canadienses en el surgimiento de nuevos conflictos socioambientales en los salares de Chile. Así, esperamos contribuir al debate público nacional e internacional sobre los futuros posibles, con la justicia climática como criterio fundamental para la elaboración e implementación de políticas que, más allá de una transición energética corporativa, nos permitan pensar en una transformación socioecológica real y justa».